Derecho Administrativo


I. La acción o decisión administrativa
A. Principios aplicables a la función de reglamentación:
- La Asamblea Legislativa está facultada para delegar a las agencias administrativas poderes cuasi-legislativos y, por tanto, se puede delegar el poder de reglamentación.
- La delegación del poder de reglamentación debe contener guías mínimas (criterios amplios).
- El impacto del reglamento sobre los ciudadanos afectados es exactamente igual que si se tratara de una ley.
- Los reglamentos delimitarán las facultades de las agencias de manera que sus actuaciones no sean ilegales o arbitrarias.
- Un reglamento promulgado al amparo de una ley no puede estar en conflicto con ésta y si lo estuviera, el reglamento sería nulo.
- Una agencia no podría aprobar un reglamento absoluto para silenciar derechos de expresión.

- Agencia – Cualquier persona o entidad del ELA, autorizada por ley para llevar a cabo funciones de reglamentar, investigar, acusar, adjudicar, emitir una decisión de forma final y obligatoria, o con facultades para expedir licencias, certificados, permisos, concesiones, acreditaciones, privilegios, o franquicias, excepto: (No aplica la LAPAU)

1. La Asamblea Legislativa.

2. Rama Judicial

3. Oficina del Gobernador y sus oficinas adscritas.

4. Guardia Nacional de Puerto Rico.
5. Los gobiernos municipales, sus entidades o corporaciones.

6. Comisión Estatal de Elecciones

7. Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

8. La Junta Asesora del DACO sobre el sistema de Calificación de Programas de Televisión y Juguetes Peligrosos.

9. La Comisión para Resolver Controversias sobre Pagos y Deudas entre Agencias Gubernamentales.


1. Proceso de Reglamentación

- Regla o reglamento – Es cualquier norma o conjunto de normas de una agencia, de aplicación general, que ejecute o interprete la política pública o la ley, o que regule los requisitos de los procedimientos o prácticas de una agencia.
- Reglamentación - Es el método mediante el cual una agencia administrativa aprueba normas para guiar la conducta futura de las persona a quienes la norma afecta.
- La reglamentación es una función cuasi-legislativa.
- Al aprobar, enmendar o derogar un reglamento, las agencias vienen obligadas a:
        1. Notificar, mediante un aviso, en ingles o español,  en un periódico de circulación    

general (un solo día) y en la Red de Internet de la agencia, su  intención de adoptar un reglamento. 

        2. Proveer un término no menor de 30 días para los ciudadanos someter
            comentarios por escrito.
        3. Presentar el reglamento en el Departamento de Estado para su aprobación y  
            publicación. El Secretario de Estado publicará en 2 periódicos de circulación

           general una síntesis del contenido de cada reglamento radicado, con expresión de 

           su número, fecha de vigencia y la agencia que lo aprobó, dentro de 25 días

          siguientes a su radicación.

- Cuando la reglamentación administrativa afecta a una comunidad específica de residentes, la agencia también tendrá que publicar un aviso en un periódico regional.

- El aviso en el periódico contendrá:

         1. Resumen breve de los propósitos de la propuesta acción.

         2. Una cita de la adopción legal que autoriza dicha acción.

         3. La forma, el sitio, los días y las horas en que se podrán someter comentarios 

                por escrito o por correo electrónico, o solicitar por escrito fundamentado una

                vista oral.

4. La dirección electrónica donde estará disponible el texto de la reglamentación a   

    adoptarse.

- Incumplir con estas disposiciones hace el reglamento nulo.
- La obligación de celebrar vistas públicas antes de aprobar el reglamento es discrecional, excepto cuando la ley orgánica o el reglamento de la agencia lo establece como requisito.
- Sin embargo, las reglas relacionadas con la administración interna que no afectan directa y sustancialmente los derechos o los procedimientos o prácticas disponibles para el público en general que son meramente explicativas, NO tienen que cumplir con los requisitos de notificación, comentarios, presentación y publicación que exige la ley.
- La LPAU establece que durante el proceso de adoptar, enmendar o derogar un reglamento, la agencia mantendrá disponible para inspección pública un expediente oficial con toda la información relacionada.
- Dicho expediente oficial debe contener:
        1. Copias de toda publicación en relación con la regla o con el procedimiento
        2. Toda petición, requerimiento, memorial o comentario escrito radicado ante la
            agencia
        3. Cualquier informe preparado por el oficial que presida la vista resumiendo el
            contenido de las presentaciones
        4. Una copia de cualquier análisis regulatorio preparado en el procedimiento para
            la adopción de la regla
        5. Una copia de la regla y una explicación de la misma
        6. Las peticiones de excepciones/enmiendas/derogación/suspensión de la regla
- Toda regla o reglamento deberá contener, además del texto:

1. Cita de la disposición legal que autoriza su adopción o enmienda.

2. Explicación breve y concisa de sus propósitos, o de las razones para su

    adopción o enmienda.

3. Referencia a todas las reglas o reglamentos que se enmienden, deroguen o

    suspendan mediante su adopción.

4. Fecha de su aprobación.

5. Fecha de vigencia.

Los requisitos para aprobar reglamentos se pueden preterir cuando:

1. El Gobernador certifica una emergencia.

2. El interés público involucrado amerita actuar con prontitud en la adopción de

    reglamentos de emergencia.

La LAPAU no requiere la participación plena de la ciudadanía en la reglamentación informal, pero en la reglamentación formal, la participación ciudadana es plena, con todos los derechos procesales de una vista adjudicativa:

1. Presentar prueba a su favor.

2. Confrontar prueba presentada en su contra.

3. Contrainterrogar testigos.

4. Impugnar prueba presentada.

- Al evaluar la validez de la reglamentación adoptada, los tribunales y las agencias con facultad revisora evaluarán:
        1. Si la actuación administrativa está autorizada por ley
        2. Si se delegó el poder de reglamentación
        3. Si la reglamentación promulgada está dentro de los amplios poderes delegados
        4. Si al aprobarse el reglamento se cumplió con las normas procesales de la ley
            orgánica y de las leyes especiales
        5. Si la reglamentación es arbitraria y caprichosa
- Si el reglamento no se aprobó de acuerdo a estos requisitos, la actuación de la agencia será declarada “ultra vires” o ilegal, y el acto será declarado nulo.
- Para impugnar exitosamente la aplicación de la reglamentación adoptada hay que demostrar que las normas aplicadas son arbitrarias por descansar en motivos desvinculados del propósito de la reglamentación.
- No se adquiere el derecho a adquirir un permiso de una agencia administrativa por el mero hecho de presentar una solicitud, cuando la reglamentación vigente permite autorizar ese permiso.
- Conforme a LPAU, las agencias administrativas tienen la facultad de formular, adoptar, enmendar, o derogar una regla o reglamento.
- Si a la fecha de la presentación de una solicitud de un permiso existe un reglamento “en proceso de aprobación”, y éste se aprueba antes de que la agencia tome una determinación final sobre la solicitud, la agencia puede utilizar el nuevo reglamento como fundamento para su determinación.
- Un reglamento está “en proceso de aprobación”, para efecto de la solicitud de un permiso ante la agencia cuando:
        1. El proceso de aprobación del reglamento ya ha comenzado formalmente.
        2. Se han hecho gestiones para informar al público mediante la publicación de      

anuncios o la celebración de vistas públicas.
        3. Antes de la fecha de la presentación de la solicitud.


a. Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada)
- El propósito de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, fue establecer uniformidad entre las diversas agencias administrativas del gobierno de Puerto Rico con respecto a las garantías procesales mínimas que debían reconocer en sus procedimientos para proveer a los ciudadanos un debido proceso de ley.
- Las agencias pueden llevar a cabo cualquiera de las siguientes funciones: reglamentar, investigar, emitir decisiones, expedir licencias/certificados/permisos/franquicias/etc., acusar o adjudicar.
- Como norma general, las disposiciones establecidas en LPAU prevalecen sobre toda disposición legal relativa a una agencia, que sea contraria a lo dispuesto en el estatuto uniforme.
- Las agencias administrativas sólo tienen los poderes otorgados expresamente por su ley habilitadora y aquellos que sean indispensables para llevar a cabo los conferidos. 
-  Cualquier actuación hecha fuera de esos parámetros es nula.
- No se puede delegar en una agencia administrativa la facultad de juzgar y sentenciar a cárcel a una persona. 
- Tampoco puede delegarse a una agencia el poder de castigar por desacato el incumplimiento de una orden administrativa, porque se le privaría a la persona de su debido proceso de ley. Sin embargo, ésta pudiera solicitar auxilio del tribunal competente.
- Tampoco será de aplicación LPAU a formularios o instrucciones que se transmitan a los empleados de la agencia, decretos mandatorios aprobados por la Junta de Salario Mínimo, órdenes de precio de DACO basados en un reglamento previamente aprobado.
- La LPAU dispone que cualquier acción para impugnar la validez de su faz de una regla o reglamento por el incumplimiento con las disposiciones de dicha ley, deberá iniciarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de vigencia de dicha regla o reglamento.
- Los términos y procedimientos de esta ley prevalecen sobre toda otra disposición legal contenida en las leyes orgánicas de las agencias que sea incompatible con ésta.
- Los trámites preteridos por la agencia deben cumplirse con posterioridad a la aprobación del reglamento.

2. Tipos de Reglamentación

3. Obligatoriedad de los reglamentos; deber de la agencia de cumplir con sus requisitos
- Una vez una agencia administrativa adopta un reglamento viene obligada a observarlo.
- La agencia no puede actuar en violación a su propio reglamento.
- Una vez la agencia ha promulgado un reglamento, queda obligada a observarlo estrictamente y no queda a su soberana  voluntad el reconocer o no los derechos que ella misma le había extendido a las personas a las cuales les aplica el reglamento.

B. Recopilación y uso de información

1. Poderes de investigación

a. Facultad para exigir documentos y records a personas o empresas privadas
- Dentro de los amplios poderes que tienen las agencias para investigar a las entidades y personas que regulan, se encuentra el de solicitarles información.
- La información requerida debe surgir como parte de una investigación válida.
- La investigación es válida si:
        1. Se encuentra dentro de los poderes del organismo público que la lleva a cabo.
        2. Sus términos no son demasiado vagos e imprecisos.
        3. La información que se busca es pertinente a las funciones o deberes de dicho
            organismo público
- De cumplirse con dichas condiciones, la agencia puede registrar todos los archivos, incluyendo los documentos personales.
- Los documentos que pueden ser solicitados para examen son los pertinentes al alcance de la investigación.
- La persona o entidad que está siendo investigada tiene que facilitar la información que le fue solicitada, una vez la agencia cumple con los criterios antes dichos.
- La agencia administrativa es quien determina inicialmente si la información es o no pertinente a la investigación.
- En última instancia, la determinación de pertinencia la hará el tribunal.
- El hecho de que determinados papeles se encuentren en poder de un tercero no los pone fuera del alcance de la investigación válidamente hecha dentro del ámbito de la autoridad conferida por el estatuto al organismo administrativo investigador. La agencia debe notificar a la persona afectada que se está requiriendo a un tercero a divulgar la información suya.
- A las agencias administrativas también se le puede delegar la facultad de requerir la producción de documentos de manera coercitiva.
- Dentro del poder de requerir documentos de manera coercitiva está el de requerir la producción de documentos.
- La agencia puede requerir documentos bajo apercibimiento de desacato, pero NO puede castigar como desacato el incumplimiento de sus requerimientos.

- Toda persona a le que se solicite información, podrá impugnar la solicitud de la agencia por medio del procedimiento adjudicativo.

- La impugnación sólo podrá fundamentarse en que el requerimiento de información es demasiado indefinido, excede la autoridad delegada de la agencia, o no tiene relación alguna con la zona de intereses en la ley.

b. Facultad para investigar violaciones de ley
- Si el objetivo de un registro administrativo es obtener evidencia para un proceso penal, deberá cumplirse con las normas tradicionales exigibles en causas de naturaleza criminal con relación a causa probable para una orden de registro.
- No puede establecerse causa probable para un registro administrativo con la simple afirmación por la agencia de que hay motivos fundados para creer que se ha violado una ley.  Las agencias deben explicar en qué se basan los motivos fundados.

c. Facultad para llevar a cabo inspecciones en propiedad privada

d. Protección constitucional contra allanamientos irrazonables y el poder investigativo de la agencia
- La protección constitucional contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables contenida en el Art. II Sec. 10 de la Constitución del ELA aplica también a registros de naturaleza administrativa.
- La regla general es que TODO registro, allanamiento o incautación que se realice, no importa su índole penal o administrativa, es irrazonable per se de llevarse a cabo sin orden judicial previa.  Circunstancias de emergencia pueden provocar excepciones a la regla general.
- Las agencias administrativas tienen la facultad para realizar inspecciones para asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que administran, sin orden de registro, en los siguientes casos:
        1. En casos de emergencia.
       2. Cuando el registro es realizado al amparo de las facultades de conceder
            licencias o permisos.
       3. En casos de industrias estrechamente reglamentadas.
      4. En casos en que la información es obtenible a simple vista.

      5. Consentimiento voluntario por persona aparentemente autorizada.
- Los registros administrativos de negocios estrechamente reglamentados configuran una de las excepciones a la norma general de registro con orden, si cumplen con las siguientes condiciones:
        1. Interés estatal sustancial que fundamente el esquema regulador.
        2. El esquema regulador promueve el interés del Estado.
        3. El esquema regulador de la agencia debe constituir un sustituto
            constitucional adecuado a la orden judicial en cuanto a certeza y
            regularidad de la intervención (NOTA: se parece al escrutinio estricto)
- Si en el curso de una inspección civil bona fide se descubre prueba utilizable en un proceso penal, ello por sí no invalidará el registro.

Por excepción, se puede llevar a cabo inspecciones en lugares de trabajo, con el propósito de verificar el cumplimiento con las normas de seguridad y salud en el empleo.

e. Derecho a la intimidad y a la no autoincriminación
- En casos en que la facultad investigativa de una agencia estatal choque con el derecho a la intimidad, el tribunal debe determinar si la persona tiene un derecho razonable a abrigar, dentro de las circunstancias del caso específico, la expectativa de que su intimidad se respete.

- La garantía constitucional a la intimidad y a no auto incriminarse protege al ser humano, no a las cosa o lugares.
- En toda investigación administrativa, la persona investigada puede plantear el privilegio de que no declara porque se incrimina penalmente.
- Como excepción, esa negativa a declarar no aplica:
        1. Si el investigado es una corporación y se le requieren los documentos al
            custodio de los récords corporativos.
        2. Si el objeto incriminatorio está en posesión de terceros y se le solicita a esa otra                   

            persona.
        3. Documentos que una ley requiere que la persona prepare como parte de
            su actividad o negocio.

        4. Cuando sea con respecto a actos, tales como prueba de sangre, muestra de 

            caligrafía o de voz, etc. 

2. Derechos constitucionales del ciudadano frente al poder de investigación del Estado
- En todo procedimiento adjudicativo formal ante una agencia, se salvaguardarán los siguientes derechos:
        1. Que se le notifiquen las querellas o cargos en su caso.
        2. Que se le dé una oportunidad de presentar evidencia y refutar la que ofrece el
            Estado.
        3. Que la decisión la tome un funcionario imparcial.
        4. Que la adjudicación se base en el contenido del expediente y se expongan los
            fundamentos de la misma incluyendo, cuando fuera necesario, Determinaciones
            de Hecho y de Derecho.
- Las partes envueltas en procedimientos adjudicativos ante agencias podrán comparecer exclusivamente por derecho propio o asistidas por abogado.
- Sin embargo, no existe un derecho constitucional a que el Estado provea y pague abogado a un indigente en una vista adjudicativa.

3. Acceso del ciudadano a información en poder de las agencias administrativas

- El derecho a la información es fundamental, pero no absoluto, y puede ser limitado por el Estado si demuestra un interés apremiante que lo justifique.

Un reclamo de confidencialidad por parte del Estado prosperara si demuestra:

1. Que una ley así lo declara.

2. Que lo ampara algún privilegio evidenciario.

3. Que los derechos fundamentales de terceros quedarán afectados.

4. Que se trata de la identidad de un confidente.

5. Que se trata de información oficial adquirida en confidencia por un funcionario

    público.
- Para determinar cuál es el foro con jurisdicción primaria en controversias sobre acceso a información pública, debemos determinar primeramente si el acceso a la información es la controversia central o si se trata de un asunto colateral o contingente a una controversia principal, separada y distinta.
- La controversia sobre acceso es central cuando una persona acude a un foro adjudicativo con el único propósito de obtener información pública del gobierno.
- Es colateral, o contingente a una controversia central separada y distinta, cuando el acceso a la información no es la controversia principal, sino que surge como un asunto incidental en el caso que se ventila ante la agencia.
- Cuando el acceso a la información es incidental al caso ante la agencia, el cual requiere peritaje de ésta, el acceso a la información cae dentro de su jurisdicción primaria.

- Si la cuestión envuelta es una estrictamente de Derecho y resulta innecesaria la pericia administrativa, los tribunales retienen jurisdicción.

C. Principios aplicables a la función adjudicativa
- Adjudicación - Es el método mediante el cual una agencia administrativa adjudica los derechos de cada parte, luego de determinar cuáles son los hechos envueltos en esa controversia específica.
- La adjudicación es una función cuasi-judicial.

- En todo procedimiento adjudicativo formal ante una agencia, se salvaguardarán los siguientes derechos:

1. Notificación oportuna de los cargos, querellas o reclamos en contra.

2. Presentación de evidencia.

3. Adjudicación imparcial.

4. Decisión basada en expediente.
- La LPAU permite que el jefe de la agencia delegue la autoridad de adjudicar a uno o más  funcionarios o empleados de su agencia, que se designan como jueces administrativos.
- La LPAU autoriza a las agencias a imponer sanciones en el ejercicio de su función cuasi-judicial.
- Dicha sanción puede imponerse al que incumple con cualquier orden del adjudicador.
- De incumplirse la orden, o de determinarse que no hubo causa que justificara el incumplimiento, se podrá imponer una sanción económica que no excederá de $200.
- La LPAU autoriza a las agencias administrativas a imponer multas de hasta $5,000 por cada infracción a la ley que la agencia administra. Ello es así, a menos que la ley habilitadora de la agencia autorice multas de mayor cuantía.
- Los tribunales brindarán deferencia a la sanción impuesta por la agencia si:
        1. Está basada en evidencia sustancial
        2. No es ultra vires, y
        3. Tiene una relación razonable con los actos que se quieren prohibir.


- La autoridad conferida a las agencias administrativas para imponer honorarios de abogado persigue sancionar la temeridad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud frívola o desprovista de fundamento de una parte que obliga a la otra a asumir innecesariamente las molestias, gastos, trabajo e inconveniencia de un pleito.
- Las vistas adjudicativas deben ser apropiadamente notificadas a las partes.  Se deberá notificar en el documento:
        1. Fecha, hora, lugar, naturaleza y propósito de la vista.
        2. Con 15 días de anticipación, excepto por justa causa.
        3. Cita de la disposición de ley o reglamento que autoriza la vista.
        4. Referencia a los hechos que constituyen la infracción alegada.
        5. Apercibimiento de lo que ocurrirá si la parte no comparece.
        6. Advertirá que la vista no puede ser suspendida, excepto por justa causa y previa
            notificación a todas las partes con por lo menos 5 días de anticipación.
        7. Advertirá a las partes que, aún cuando sean sociedades o corporaciones,  pueden
            comparecer con o sin abogado.

  8. Referencia a las disposiciones legales o reglamentarias presuntamente infringidas, si se   

      imputa una infracción a las mismas, y a los hechos constitutivos de tal infracción.
- La vista adjudicativa será pública, excepto que a petición de parte se logre probar que una vista pública podría causar daño irreparable a alguna de las partes y debe hacerse una solicitud por escrito y fundamentarse.
- La orden o resolución debe seguir los siguientes principios:
        1. Dentro de 90 días luego de concluida la vista o de preparadas por las partes las
            Conclusiones de Hechos y de Derecho, se debe emitir la Orden o Resolución
            adjudicando finalmente la controversia, a menos que éste término sea renunciado o      

      ampliado con el consentimiento escrito de todas las partes o por causa justificada. Si la

      orden o resolución no es final, el Tribunal de Apelaciones no tendrá jurisdicción para  

      revisar dicha decisión administrativa. 
        2. Dicha orden o resolución debe ser firmada por el jefe de la agencia o cualquier otro
            funcionario autorizado por ley.
        3. Debe contener las Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho
        4. Será notificada a todas las partes por correo, archivándose en autos constancia de la
            notificación y copia de la misma.
        5. La propia orden debe advertir a las partes su derecho a pedir reconsideración o revisión
            y los términos que tienen para ello.  Si no se les notifica a las partes, no comienza a
            correr el término de reconsideración o revisión judicial.

- Todo caso deberá ser resuelto dentro de 6 meses desde su radicación, salvo circunstancias excepcionales. Cuando la agencia no cumple con su obligación de resolver dentro del término de 6 meses, el remedio judicial disponible es el mandamus al Tribunal de Apelaciones.

1. Proceso de adjudicación formal según lo dispuesto por la L.P.A.U.
- La LPAU requiere que en todo proceso adjudicativo formal ante una agencia se salvaguarde el derecho a una adjudicación imparcial.
- Los procedimientos ante un organismo administrativo tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección que debe ser respetada, mientras que la parte que la impugne no produzca suficiente evidencia para derrotarla.
- Una mera alegación de parcialidad no es suficiente para sostener una reclamación de violación del derecho a una adjudicación imparcial.
- Para poder rebatir la presunción de que los funcionarios a cargo de determinaciones adjudicativas de las agencias sean imparciales, las alegaciones deben revelar:
        1. Prejuicio en cuanto a normas generales
        2. Prejuicio por contacto previo con la prueba
        3. Prejuicio contra una parte o su abogado, al igual que consanguinidad o afinidad
        4. Conflicto de intereses
- En estos casos, el funcionario debe inhibirse.

2. Procedimientos informales
- No estarán sujetos al procedimiento adjudicativo formal provisto por ley una serie de procedimientos que enumeró así y los denominó informales:
        1. Adjudicación de subastas
        2. Concesión de préstamos
        3. Concesión de becas
        4. Subsidios
        5. Subvenciones
        6. Emisiones de deuda
        7. Inversiones de capital
        8. Reconocimientos o premios
- En los procedimientos informales, se exige que la agencia exponga una explicación de las bases sobre las que descansa su decisión, de forma que el tribunal tenga fundamentos para hacer su determinación en cuanto a si ésta es arbitraria o caprichosa.
- Aún cuando no se exige una explicación basada en determinaciones de hechos, como en los formales, debe mediar razones suficientes que pongan en conocimiento a las partes y al tribunal de los fundamentos que propiciaron tal decisión.

- La notificación de adjudicación de una subasta debe incluir la siguiente información:

         1. Nombre de los licitadores.

         2. Síntesis de las propuestas.

         3. Factores o criterios que se tomaron en cuenta para adjudicar.

         5. Defectos que tuvieron las propuestas.

         6. Disponibilidad y el plazo para solicitar reconsideración y la revisión judicial.

3. Reglas de evidencia y procedimiento civil; su aplicabilidad al campo administrativo
- Las Reglas de Procedimiento Civil no aplican automáticamente en los procedimientos administrativos, por la necesidad de que éstos se desarrollen con mayor flexibilidad que los procesos en tribunales ordinarios.
- Nada impide que, en casos apropiados, se adopten normas de las Reglas de Procedimiento Civil, cuando éstas propicien una solución justa, rápida y económica de las controversias.
- La intervención es el mecanismo procesal establecido por LPAU mediante el cual una persona que no es parte en un caso (tercero), pero tiene un interés legítimo en el mismo, solicita participar ante el foro que entiende en el mismo, para así poder levantar sus alegaciones y defensas.
- La solicitud de intervención debe ser por escrito y debidamente fundamentada.
- La agencia tiene discreción para denegar o conceder la solicitud.
- La agencia deberá considerar, entre otros, los siguientes factores para la intervención:
        1. Que el interés del peticionario pueda ser afectado adversamente en el
            procedimiento.
        2. Que no exista otro remedio en ley para que éste pueda hacer valer su derecho.
        3. Que el peticionario sea el portavoz de un grupo de la comunidad.
        4. Que el interés del peticionario ya esté representado en el caso.
        5. Que la participación de éste pueda dilatar el procedimiento.
        6. Que éste pueda aportar información pericial y conocimiento especializado.
        7. Que su participación ayude a la agencia a preparar un expediente completo del
            caso.
- La inclusión de un tercero en el proceso administrativo sin que el querellante o la agencia lo estime necesario o conveniente, complica y retarda innecesariamente el procedimiento.
- La inclusión de un tercero es discrecional de la agencia, a menos que su exclusión lo privara de su día en corte.
- Como regla general, la LPAU dispone que los mecanismos de descubrimiento de prueba NO aplicarán a los casos de adjudicación administrativa.  A manera de excepción, los mecanismos aplican en los siguientes casos:
        1. Cuando el procedimiento adjudicativo es promovido por la misma agencia, en cuyo 

            caso tienen que garantizarle a todo querellado el derecho a usar los mecanismos.

       2. Cuando el reglamento de procedimiento adjudicativo de la agencia concede

                 discreción, y se ejerce razonablemente.

       3. Cuando lo autoriza el reglamento administrativo y el funcionario que preside el  

           procedimiento adjudicativo.

-El proceso administrativo debe ser ágil y sencillo, que propicie su uso eficiente por parte de las personas legas.

- Los reglamentos de las agencias no pueden menoscabar los derechos reconocidos por la LPAU.
- A las partes les asiste el derecho a presentar evidencia en un trámite adjudicativo.  En ánimo de viabilizar este derecho, las agencias tienen la autoridad para citar testigos.
- Si una parte debidamente citada no comparece a la conferencia con antelación a la vista, a la vista, o a cualquier otra etapa del procedimiento adjudicativo, el funcionario que preside podrá declararla en rebeldía, y continuar el procedimiento sin su participación; notificará por escrito a dicha parte su determinación, los fundamentos para la misma y el recurso de revisión disponible.

- Las Reglas de Evidencia no serán aplicables a las vistas administrativas, pero los principios fundamentales de evidencia se podrán utilizar para lograr una solución justa, rápida y económica del procedimiento.

-Cualquier prueba recibida fuera del procedimiento adjudicativo, no forma parte del expediente administrativo.

-Una agencia puede tomar conocimiento oficial de todo lo que puede tomar conocimiento judicial un Tribunal.

- Se puede tomar conocimiento oficial de hechos que:
        1. Sean de conocimiento general dentro de la jurisdicción territorial del tribunal.
        2. Sean susceptibles de determinación inmediata y exacta al recurrirse a fuentes cuya
            exactitud no puede ser razonablemente cuestionada.

- Una vez se determina que los hechos sobre los cuales se solicita tomar conocimiento judicial caen dentro de alguno de los dos criterios antes mencionados, la agencia puede tomar conocimiento oficial “motu proprio” (conocimiento oficial permisible), o a solicitud de parte (conocimiento oficial mandatorio si pone a la agencia en posición de tomarlo).

-El funcionario que preside la vista podrá excluir aquella evidencia irrelevante, inmaterial, repetitiva o inadmisible por fundamentos constitucionales, legales, o basados en privilegios evidenciarios.

- La inspección ocular es un mecanismo que los organismos administrativos tienen a su disposición.
- Para utilizar dicho mecanismo en un proceso adjudicativo es imperativo:
        1. Notificar a las partes interesadas para que éstas puedan acudir a la misma si así
            lo desean
        2. Consignar en el récord de la vista pública todos los hechos constatados mediante
            la inspección ocular


4. Doctrina de impedimento o actos propios (“Estoppel”)
- La doctrina de los actos propios propone que, una vez se ha asumido una posición o conducta con la cual se creó un estado de derecho que ganó la confianza de otra parte que, a su vez, actúa descansando en tal confianza, la primera parte está impedida de asumir una posición o conducta contradictoria a la que previamente había presentado.
- Los requisitos necesarios para la aplicación de dicha doctrina son:
        1. Una conducta determinada de un sujeto.
        2. Que haya engendrado una situación contraria a la realidad; esto es, aparente y
            mediante tal apariencia susceptible de influir en la conducta de los demás.
        3. Que sea base de la confianza de otra parte que haya procedido de buena fe y que,
            por ello, haya obrado de una manera que le causaría un perjuicio si su confianza
            quedara defraudada.
- Como norma general, cuando está en juego una cuestión de interés público, la doctrina de actos propios NO puede anteponerse al Estado, entiéndase, a las actuaciones de los funcionarios y agentes gubernamentales.

- El Estado no queda obligado por las actuaciones de sus funcionarios cuando media:

1. Error en un trámite.

2. Obra contraria a ley o reglamento.

3. Actuación nula.

4. Realización ultra vires.
- Este principio de los actos propios puede aplicarse siempre en las relaciones civiles de unos ciudadanos con otros, pero nunca en las relaciones del ciudadano con el Estado, cuando hay de por medio una cuestión de interés público.
- Por ello, un error de un organismo administrativo no obliga a éste, ni impide su corrección.
- Una parte no puede ampararse en una actuación administrativa errónea o ilegal.
- Los organismos administrativos tienen facultad para corregir un error en cualquier momento, si bien ésta es una facultad que debe ejercerse con discreción.

5. Doctrina de cosa juzgada ("res judicata")

Cosa Juzgada – Es cuando una sentencia dictada en un pleito anterior impide que se litigue en uno posterior, entre las mismas partes y sobre la misma causa de acción, las cuestiones ya litigadas y adjudicadas.
- La doctrina de cosa juzgada aplica a los procedimientos administrativos.
- La doctrina de cosa juzgada aplica cuando una agencia actúa en su capacidad judicial y resuelve controversias de hechos ante sí, las cuales las partes han podido litigar en forma oportuna y adecuada.

-Para aplicar la doctrina de cosa juzgada, se exigen los siguientes requisitos:

1. La agencia actuó en su función adjudicativa en un proceso adversativo.

2. Las partes tuvieron oportunidad de defenderse.

3. La más perfecta identidad entre las cosas, las partes, y la calidad en que lo fueron.
- No aplicará la cosa juzgada para dar validez en un juicio civil a una previa decisión administrativa si ésta ocasionaría un fracaso de la justicia.
- Conforme a la doctrina de cosa juzgada, hay identidad de cosas si el objeto o materia sobre el cual se ejercita la acción es igual en ambas acciones.
- La identidad de causas se refiere a que haya identidad en el motivo de pedir, se refiere al fundamento capital, el origen de las acciones o excepciones planteadas y resueltas.

- La defensa se puede levantar:

1. En decisiones de la agencia sobre la misma agencia.

2. Decisión de la agencia en el Tribunal.
3. Decisión de la agencia en otra agencia.

- En cuanto a la identidad de personas, se permite siempre que los litigantes del segundo caso sean causahabientes de los del caso anterior o estén unidos a ellos por vínculos de solidaridad.
- En cuanto a la calidad con la que lo fueron, el que litiga en el segundo caso debe ejercitar la misma acción e invocar los mismos fundamentos y se apoya en los mismos títulos que en el primero.

6. Record administrativo y la toma de decisiones
- Las determinaciones administrativas deben fundarse en el expediente del caso.  Por lo tanto, ni el Oficial Examinador ni el Juez Administrativo ni la propia agencia pueden considerar pruebas que hayan sido obtenidas ex-parte.
- La LPAU establece que las determinaciones adjudicativas de las agencias deben basarse exclusivamente en el expediente administrativo.
- Cuando se celebra una vista como parte del proceso adjudicativo de una agencia, el funcionario que preside la misma tiene que preparar un informe escrito para consideración de la agencia si el funcionario que preside la misma NO tiene la facultad de emitir una decisión final (en caso del Oficial Examinador).
- El expediente administrativo debe contener, entre otras cosas, el memorando escrito por el funcionario que presidió la vista.
-La agencia tiene facultad en ley para delegar en un oficial examinador para presidir la vista.

7. Determinaciones de hechos y conclusiones de derecho de la agencia administrativa
- Al evaluar una decisión de una agencia administrativa, el tribunal debe determinar si la agencia actuó dentro del poder que le ha sido delegado.
- El tribunal debe evaluar que la decisión de la agencia contenga:
        1. Determinaciones de hechos basados exclusivamente en el expediente
        2. Conclusiones de derecho fundamentadas
- Las decisiones e interpretaciones de las agencias administrativas generalmente reciben deferencia judicial.
- La razón para conceder deferencia judicial es que éstas cuentan con la experiencia y los conocimientos especializados en los asuntos que le han sido encomendados.
- El tribunal no intervendrá con las determinaciones de hechos de las agencias SI están basadas en evidencia sustancial obrante en el expediente administrativo.
- Para establecer que la evidencia en que se basó la agencia NO es sustancial, hay que demostrar que existe otra prueba en el récord que menoscaba o reduce el valor probatorio de la evidencia impugnada.
- Las conclusiones de derecho son revisables en toda su extensión.
- Los tribunales darán deferencia a las conclusiones de derecho que responden al conocimiento especializado o a la discreción administrativa.
- Se sostendrán las determinaciones de derecho de la agencia, siempre que su actuación no haya sido arbitraria, ilegal o en abuso de su discreción.

-Una orden o resolución final deberá ser emitida por escrito dentro de 90 días después de concluida la vista o después de la radicación de las propuestas determinaciones de hechos y conclusiones de Derecho, a menos que éste término sea renunciado o ampliado con el consentimiento escrito de todas las partes o por causa justificada.

La orden o resolución advertirá:

1. El derecho de solicitar la reconsideración de la agencia.

2. El derecho de instar el recurso de revisión como cuestión de derecho ante el Tribunal 

   de Apelaciones.

3. Las partes deberán ser notificadas del recurso de revisión.

4. Los términos correspondientes. Cumplido éste requisito, comenzaran a correr los   

    términos.

8. Subastas
- La LPAU establece un término de 10 días a partir de la fecha de adjudicación de una subasta para que la parte adversamente afectada por la decisión presente una moción de reconsideración.
- La carta de adjudicación debe advertir los términos y condiciones para solicitar reconsideración o revisión judicial.  Sin tales advertencias, los términos no empiezan a correr.
- Además, la carta de adjudicación debe contener los fundamentos para la decisión de la agencia para adjudicar la subasta, pero NO tiene que indicar expresamente las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho.
- La revisión judicial de las órdenes o resoluciones finales de las agencias en los casos de subastas se presentan ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones dentro de 10 días a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución de la agencia o entidad apelativa.
- La radicación oportuna de una reconsideración interrumpe el término de revisión judicial para todas las partes.
- En cuanto a la notificación a los licitadores, se siguen los siguientes principios:
        1. Los recursos de revisión administrativos hay que notificarlos a todas las partes
            dentro del término para solicitar revisión.
        2. Dicha notificación es jurisdiccional.
        3. En los procedimientos de subastas, todos los licitadores son partes.
        4. La falta de notificación del recurso a un licitador infructuoso priva de
            jurisdicción al foro apelativo.

II. Debido proceso de ley en los procesos adjudicativos

-El debido proceso de ley tiene dos modalidades, sustantivo y procesal, es una protección constitucional bajo la enmienda 14 de la Constitución Federal. La modalidad procesal implica que el Estado al ejercer su poder contra una persona, tiene que garantizarle el derecho a un procedimiento imparcial y justo. El sustantivo está dirigido hacia la protección de los derechos fundamentales de las personas.


A. Reglamentación versus adjudicación
- La reglamentación es el método mediante el cual una agencia administrativa aprueba normas para guiar la conducta futura de las persona a quienes la norma afecta.
- La reglamentación es una función cuasi-legislativa.
- La adjudicación es el método mediante el cual una agencia administrativa adjudica los derechos de cada parte, luego de determinar cuáles son los hechos envueltos en esa controversia específica.
- La adjudicación es una función cuasi-judicial.

- El proceso de reglamentación no afecta ninguna persona en particular, por lo que nadie puede señalar la violación a un derecho protegido durante dicho proceso.

- Cuando el Estado ejerce su poder coercitivo sobre una persona, como en la adjudicación, no queda obligado a conceder un debido proceso de ley procesal a menos que se haya afectado un derecho a la vida, libertad o interés propietario.

B. Cuándo y cómo se cumple con el debido procedimiento de ley
- Aunque no existe un derecho a ocupar un puesto público, el solicitante de empleo público tiene un interés protegido por las garantías mínimas del debido proceso de ley.
- Es garantía fundamental del debido proceso de ley que una parte conozca la evidencia que se ha utilizado en su contra, para así poder confrontarla y refutarla.
- Un empleado de carrera tiene un interés propietario en su empleo, del que no puede ser privado sin un debido proceso de ley.
- El debido proceso de ley requiere que, previo a la imposición de una medida disciplinaria a un empleado de carrera, se le notifique de los cargos en su contra y se le brinde una vista informal previa.
- Como excepción a esta norma, se puede suspender de empleo CON sueldo a un empleado de carrera, sin vista informal previa, cuando la continuidad en el empleo crea una situación peligrosa para el Estado.
- Es garantía fundamental del debido proceso de ley:

1. Que una parte conozca la evidencia utilizada en su contra, para así poder confrontarla y 

    refutarla.

         2. Permitir a las partes preparar su caso, conociendo de antemano las alegadas

    violaciones, así como los hechos constitutivos de los mismos.

3. Conceder oportunidad a las partes para prepararse a refutar evidencia que cambie o 

    enmiende las alegaciones, antes de que éstas sean admitidas.

III. Procedimiento posterior a la adjudicación administrativa

A. Reconsideración
- La parte adversamente afectada por una resolución u orden parcial o final, puede presentar una moción de reconsideración ante la agencia.
- Dicha moción de reconsideración permite que el foro sentenciador pueda modificar su fallo, siempre y cuando tenga jurisdicción para ello.

-La parte adversamente afectada, NO tiene que solicitar reconsideración antes de solicitar revisión judicial. La reconsideración ante la agencia conserva su carácter jurisdiccional únicamente en aquellos casos en que algún estatuto posterior a la enmienda expresamente lo disponga.
- La moción de reconsideración se presentará ante la agencia dentro del término de 20 días del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución administrativa y notificarse a las demás partes dentro del mismo término.
- La LPAU exige que en la orden o resolución, la agencia debe advertir del derecho de solicitar revisión o apelación de la misma, así como el término para hacerlo.  Igualmente, notificará las partes (nombres y direcciones) a las que habrá de notificar cualquier escrito de reconsideración o de revisión judicial. De no cumplirse con este requisito, el término no comienza a decursar y estará sujeto a la doctrina de incuria.
- Al aplicar la doctrina de incuria, se examinará si ha habido dejadez o negligencia en el ejercicio de un reclamo, de manera que ese hecho en unión al transcurso del tiempo y otras circunstancias, sirvan como impedimento para que se pueda atender el reclamo.
- La moción debe notificarse a las demás partes dentro del plazo disponible para presentar la moción.  Dicha notificación a las demás partes de de cumplimiento estricto.
- A diferencia de un plazo jurisdiccional, el plazo para notificar la moción de reconsideración puede extenderse, cuando la parte que la solicita demuestra “justa causa” para la tardanza.
- La acreditación de justa causa  se hace con explicaciones concretas y particulares, debidamente evidenciadas en el escrito, que le permitan al tribunal concluir que hubo una excusa razonable para la demora.  Las vaguedades y excusas o planteamientos estereotipados no cumplen con el requisito de justa causa.
- Si bien es cierto que las partes pueden comparecer a los procedimientos administrativos sin representación legal, ello no justifica que incumplan con los plazos procesales.
- Es “parte” en un procedimiento administrativo:
        1. El promovente
        2. El promovido
        3. El interventor
        4. Aquél que haya sido notificado de la determinación final de la agencia administrativa
        5. Aquél que haya sido reconocido como parte en la disposición final administrativa
        6. Aquél que participa activamente durante el procedimiento administrativo y cuyos
            derechos y obligaciones puedan verse adversamente afectados por la acción de la
            agencia
-La parte adversamente afectada por una adjudicación de subasta podrá presentar una moción de reconsideración dentro del término de 10 días a partir de la fecha de la adjudicación. La agencia deberá considerar la moción dentro de los10 días de haberse presentado.

-La radicación oportuna de una reconsideración interrumpe el término de revisión judicial para todas las partes.

IV. Revisión judicial

- Es un principio de derecho administrativo que se presume la revisión judicial.
- La revisión judicial de la decisión administrativa se contrae y se limita al expediente del procedimiento adjudicativo.
- El memorando escrito es necesario para la revisión judicial. La ausencia del informe en el expediente limita severamente la facultad revisora de los tribunales e invalida el dictamen administrativo.
- Por vía de excepción, la Asamblea Legislativa puede prohibir la revisión judicial de la acción administrativa mediante disposición “clara y expresa” en la ley habilitadora.
- Sin embargo, aunque el estatuto prohíba “clara y expresamente”  la revisión judicial, ésta procede si:
        1. Se afectan derechos constitucionales o estatutarios de las partes.
        2. La agencia ha actuado “ultra vires”.
- Cuando una agencia promulga un reglamento, está obligada a cumplir con sus disposiciones.  De no acatar el Reglamento, la agencia estaría actuando “ultra vires”.
- Como los municipios no son agencias administrativas, la revisión judicial no es el mecanismo apropiado para revisar una decisión de un municipio.

A. Remedios disponibles para la revisión judicial

1. Auto de revisión o certiorari al Tribunal de Circuito de Apelaciones: requisitos
- La LPAU dispone que la parte adversamente afectada por una decisión administrativa, y que ha agotado todos los remedios provistos por la agencia o por el organismo apelativo correspondiente,  tiene que acudir ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones.  El Tribunal de Primera Instancia no tendrá jurisdicción para atender la moción de revisión judicial.
- La jurisdicción para revisar las órdenes o resoluciones finales administrativas le fue concedida al Tribunal de Circuito de Apelaciones, por enmienda a la LPAU.
- Dicha ley establece un procedimiento de revisión judicial uniforme.  Sus disposiciones prevalecen sobre toda disposición legal previa relativa a una agencia en particular que fuera contraria.
- En el año 1995, se enmendó la LPAU para eliminar el carácter jurisdiccional de la moción de reconsideración.  Por lo tanto, los promoventes ya no vienen obligados a solicitar reconsideración administrativa antes de solicitar la revisión judicial.
- La reconsideración tendrá carácter jurisdiccional sólo cuando expresamente lo disponga algún estatuto posterior a la referida enmienda de 1995.
- La solicitud de revisión judicial deberá presentarse ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones dentro del término de 30 días, en cualquiera de las siguientes situaciones:
        1. A partir del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución
            administrativa final, o
        2. Desde que expiren 15 días de presentada una moción de reconsideración, si la
            agencia NO actuó sobre ésta, o
        3. Desde el archivo en autos de la copia de la notificación de la resolución de la
            agencia resolviendo definitivamente la moción de reconsideración
- La LPAU exige que en la orden o resolución, la agencia debe advertir del derecho de solicitar revisión o apelación de la misma, así como el término para hacerlo.  Igualmente, notificará las partes (nombres y direcciones) a las que habrá de notificar cualquier escrito de reconsideración o de revisión judicial. De no cumplirse con este requisito, el término no comienza a decursar y estará sujeto a la doctrina de incuria.
- Al aplicar la doctrina de incuria, se examinará si ha habido dejadez o negligencia en el ejercicio de un reclamo, de manera que ese hecho en unión al transcurso del tiempo y otras circunstancias, sirvan como impedimento para que se pueda atender el reclamo.

-No hay necesidad de expresar el foro donde se bebe pedir la Revisión Judicial, pero si la agencia opta por ofrecer esta información e indica el foro erróneo, la parte que no logre perfeccionar su recurso porque acudió erróneamente al foro que se le indicó, podrá levantar esta circunstancia como defensa para justificar su error. La agencia no puede beneficiarse al actuar en contra de sus propios actos.

B. Doctrinas que afectan el derecho a la revisión

1. Legitimación en causa – capacidad jurídica (“standing”)
- Para tener legitimación activa, el promovente debe cumplir con estos requisitos:
        1. Haber sufrido un daño claro y palpable
        2. Que el daño sea real, inmediato y preciso, no abstracto o hipotético
        3. Que exista una conexión entre el daño sufrido y la causa de acción que se ejercita
        4. Que la causa de acción surja al amparo de la Constitución o de alguna ley
- Una asociación tiene legitimación activa para demandar si se cumple:
        1. Que sus miembros tengan legitimación activa para demandar a nombre propio
        2. Que los intereses que la asociación pretende proteger estén relacionados con sus
            propios objetivos
        3. Que la reclamación y el remedio solicitado no requieran la participación
            individual de los miembros en el pleito
- Como regla general, la acción legitimada del contribuyente no se reconoce en Puerto Rico.
- Por excepción se permite si la misma es para impugnar un uso de fondos públicos en presunta violación a la disposición constitucional sobre separación de Iglesia y Estado.
- Las agencias administrativas, como regla general, no tienen legitimación activa para comparecer en corte.  Sin embargo, existen algunas excepciones:
        1. Cuando alguna ley especial hubiese dispuesto que esa agencia puede intervenir
            en un pleito
        2. Cuando la intervención de la agencia es necesaria para defender la política
            pública que ella instrumenta
        3. Cuando la agencia fuese directamente afectada por una decisión judicial

2. Madurez
- La doctrina de madurez requiere que el tribunal determine si la controversia sustantiva sobre validez es apropiada para adjudicación judicial y si el daño a la parte es suficiente para requerir una adjudicación.
- Esta doctrina enfoca en la inminencia del daño sobre el litigante.

- Al evaluar si la controversia es apropiada para ser resuelta por el Tribunal Apelativo, se consideran los siguientes elementos:

         1. Si la controversia es una cuestión de Derecho.

         2. Si conocer los hechos en un caso concreto beneficia la adjudicación.

         3. Si la decisión es final.

3. Jurisdicción primaria
- La doctrina de jurisdicción primaria presupone jurisdicción concurrente entre el foro administrativo y el judicial.
- Esta doctrina permite determinar cual es el organismo que debe hacer la determinación inicial del asunto en controversia, la agencia administrativa o el Tribunal.
- El fundamento principal de la doctrina es que las agencias se consideran mejor capacitadas que los tribunales debido a su especialización y al conocimiento obtenido a través de la experiencia.
- Si la cuestión envuelta es una estrictamente de derecho y resulta innecesaria la pericia administrativa, los tribunales retienen jurisdicción.
- Si la controversia requiere pericia administrativa, las agencias tienen la jurisdicción primaria.

-En la concurrente ambos tienen jurisdicción, pero el Tribunal ofrece la primera oportunidad a la agencia por la pericia o destreza de la misma.
- Para determinar cuál es el foro con jurisdicción primaria en controversias sobre acceso a información pública, debemos determinar primeramente si el acceso a la información es la controversia central o si se trata de un asunto colateral o contingente a una controversia principal, separada y distinta.
- La controversia sobre acceso es central cuando una persona acude a un foro adjudicativo con el único propósito de obtener información pública del gobierno.
- Es colateral, o contingente a una controversia central separada y distinta, cuando el acceso a la información no es la controversia principal, sino que surge como un asunto incidental en el caso que se ventila ante la agencia.
- Cuando el acceso a la información es incidental al caso ante la agencia, el cual requiere peritaje de ésta, el acceso a la información cae dentro de su jurisdicción primaria.
- Bajo la doctrina de jurisdicción primaria exclusiva, el organismo administrativo será el único que tendrá jurisdicción inicial para entender en determinado asunto y los tribunales quedarán privados de jurisdicción para dilucidar el asunto en controversia en primera instancia.
- Bajo la vertiente de jurisdicción primaria concurrente, la ley permite que la reclamación se inicie bien en el foro administrativo o en el judicial.

4. Agotamiento de remedios administrativos
- La doctrina de agotar remedios administrativos determina cuándo es el momento apropiado para que los tribunales intervengan en una controversia previamente sometida a la intervención administrativa.
- El propósito de agotar los remedios administrativos es que sean las agencias administrativas las que diluciden en primera instancia las controversias, ya que poseen pericia sobre la materia.
- Se puede preterir el cauce administrativo cuando ocurra cualquiera de las siguientes:
        1. La agencia claramente no tiene jurisdicción.
        2. Requerir su agotamiento resulta en un daño irreparable a la parte, y en el balance de
            intereses no se justifica agotar dichos remedios.
        3. El asunto es estrictamente de derecho, que no requiere conocimiento especializado.
        4. Hay una violación de patente intensidad de derechos civiles del individuo que
            reclama urgente reparación.
        5. El remedio administrativo es inútil, por la dilación excesiva en los procedimientos.
        6. Cuando hay un daño de peligro inminente.

-La intervención judicial no puede ser prematura, pero esto se decide según el caso.

- No basta con que los remedios administrativos sean lentos para preterir el procedimiento administrativo, también se requiere que éstos constituyan una gestión inútil e inefectiva o que produzcan daño irreparable.
- La doctrina de agotamiento de remedios administrativos presupone que la agencia y el tribunal tienen jurisdicción primaria concurrente, pero el tribunal se autolimita de ejercer su jurisdicción hasta que el reclamante agote los remedios disponibles ante la agencia y la decisión que tome la agencia sea final.
- La aplicación de la doctrina de la jurisdicción primaria exclusiva excluye la aplicación de la doctrina de agotamiento de remedios administrativos.

C. Paralización de la acción administrativa (“stay”)
-La LPAU establece que la mera radicación de una acción judicial para revisar un proceso de reglamentación, no paraliza la vigencia de los reglamentos. El Reglamento del Tribunal Apelativo establece que la presentación de una solicitud de revisión no paralizará la implantación de una regla, reglamento, orden, resolución o determinación de una agencia.

D. Alcance de la revisión judicial
-
Se presume revisión judicial salvo:

1. Cuando la legislatura expresó en forma expresa y clara su intención de limitar el

    acceso a los tribunales.

         2. Cuando la agencia afectó los derechos constitucionales o estatutarios de las partes.

         3. Cuando la agencia actuó de manera ultra vires.

         4. Cuando la agencia no cumplió con sus propias disposiciones reglamentarias.

1. Cuestiones de hechos
- Los tribunales NO podrán alterar las conclusiones de hecho de un organismo administrativo si las mismas están apoyadas en suficiente evidencia sustancial que surja de la totalidad del expediente administrativo.
- El fundamento para esta deferencia es que son las agencias las que cuentan con el conocimiento experto y con la experiencia especializada de los asuntos que le son encomendados.
- Para impugnar que una determinación de hecho no era sustancial, la parte afectada debe demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduce o menoscaba el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto que no se puede concluir que la determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración.
- Existen algunas excepciones cuando sí se puede alterar las determinaciones de hecho:
        1. Cuando la conclusión de hecho está basada sólo en evidencia de documentos       
        2. Cuando la conclusión de hecho está basada exclusivamente en prueba de peritos
        3. Cuando el criterio de quantum de evidencia que utilizó la agencia administrativa
            para adjudicar el caso era incorrecto

2. Cuestiones duales de hechos y de derecho
- LPAU le concede autoridad a los tribunales, en el proceso de revisión judicial,  para revocar o alterar las conclusiones de derecho de la agencia administrativa objeto de revisión.
- Las conclusiones de derecho son revisables en todos sus aspectos por el tribunal.
- Cuando se trate de conclusiones de derecho en que lo único que está envuelto es una interpretación de la ley, y no haya experiencia administrativa envuelta, el tribunal podrá revocar liberalmente las conclusiones de derecho de la agencia.
- Pero cuando las cuestiones de derecho envueltas continúen requiriendo de la experiencia administrativa, se seguirá brindando a la agencia una gran deferencia y respeto antes de revocar una interpretación de derecho.
- En síntesis, la cuestión de derecho que los tribunales deben determinar es si la interpretación de la agencia es razonable. No tiene que ser la única posible, ni la más sabia. Después que no sea arbitraria, debe prevalecer.

3. Procedimiento cuasi-legislativo

4. Juicio “de novo”
- El juicio de novo NO es lo mismo que un nuevo juicio.
- De novo es un concepto apelativo ante un foro de más alta jerarquía.
- Nuevo juicio se aplica cuando se solicita que se anule un primer juicio ante el tribunal de instancia y se celebre un nuevo juicio en el mismo foro.
- En el juicio de novo se solicita que se celebre una etapa apelativa ante un foro de superior jerarquía, presentando en esta ocasión el testimonio de testigos y la presentación de documentos, como si nunca se hubiere celebrado un primer juicio.